Piden casi cuatro años de cárcel para cuatro camareros acusados de apropiarse de más de 90.000 euros
La Fiscalía sostiene que manipularon el sistema informático del establecimiento para alterar tickets
La Fiscalía Provincial de Granada solicita tres años y nueve meses de prisión y una multa de 2.400 euros para cuatro hombres de entre 40 y 51 años acusados de apropiarse presuntamente de 90.347 euros de un negocio de hostelería en el que trabajaban como camareros en la capital granadina.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados habrían actuado concertados entre sí durante el año 2020 con el objetivo de lograr “un enriquecimiento injusto a costa de su empresa”, aprovechando las posibilidades que ofrecía el sistema informático de gestión de cobros de los establecimientos.
La Fiscalía sostiene que los trabajadores utilizaban funciones previstas para situaciones excepcionales, como dividir el pago entre comensales o trasladar consumiciones entre mesas, para alterar los registros reales de las ventas.
De acuerdo con el relato del fiscal, en ocasiones los camareros se quedaban con todo o parte del dinero pagado por los clientes tras cobrar las consumiciones. Posteriormente introducían en el sistema datos que no se correspondían con lo servido o cobrado, llegando incluso a anular tickets generados o modificar su contenido.
Entre las prácticas descritas figura reducir en el sistema el número de productos servidos o trasladar consumiciones a otras mesas, simulando así que se habían vendido menos artículos y que el importe recibido era menor al real.
El escrito de acusación añade que el dinero presuntamente sustraído se introducía en el bote de la barra, desde donde posteriormente se repartía entre los implicados durante sus turnos de trabajo.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida con la agravante de abuso de confianza y reclama que los acusados indemnicen conjuntamente a la empresa con 90.347 euros, cantidad que incluye el dinero presuntamente apropiado y los perjuicios económicos derivados.
Según el ministerio público, la empresa registró en 2020 pérdidas de 64.826 euros por estos hechos. A esta cifra se suman 15.426 euros en concepto de lucro cesante, además de 10.064 euros por la pérdida de valor del dinero debido a la inflación, según una pericial judicial.
Está previsto que el caso sea juzgado el próximo 17 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
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