Aplazado hasta febrero el juicio al guardia civil acusado de planear el robo y secuestro de una anciana en La Zubia
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para el agente y otros seis acusados por el asalto en el que la víctima, de 73 años, fue atada y agredida para robarle 50.000 euros
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha aplazado hasta febrero de 2027 el juicio contra un guardia civil acusado de organizar el robo y secuestro de una anciana de 73 años en La Zubia, a la que presuntamente mantuvieron retenida durante varias horas y golpearon hasta hacerse con los 50.000 euros que guardaba en una caja fuerte de su vivienda.
La vista oral debía comenzar este lunes, pero ha sido suspendida debido a que uno de los abogados implicados tenía señalado con anterioridad otro juicio para la misma fecha, por lo que el procedimiento se celebrará finalmente el próximo mes de febrero.
Junto al agente, para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión, también serán juzgados los seis presuntos autores materiales del asalto y una octava acusada, a la que el Ministerio Público considera cómplice de los hechos.
Según el escrito de acusación, el guardia civil conoció a la víctima tras el fallecimiento de su hermano, que gestionaba inversiones. El agente quedó encargado de devolver el dinero a los clientes y, de este modo, entabló contacto con la mujer, una jubilada soltera y sin hijos que vivía sola en La Zubia y apenas salía de casa por miedo al contagio durante la pandemia.
En marzo de 2021 debía entregarle varios sobres con un total de 50.000 euros, aunque la mujer detectó que faltaban 10.000 y se lo recriminó mediante mensajes de WhatsApp. La Fiscalía sostiene que, atravesando una complicada situación económica y sabiendo que la anciana conservaba el dinero en su domicilio, el guardia civil recurrió presuntamente a delincuentes habituales para organizar el asalto.
La acusación mantiene que el agente les facilitó toda la información necesaria durante una reunión celebrada en un establecimiento del Polígono Juncaril. Esa misma madrugada, los asaltantes saltaron la tapia de la vivienda y accedieron al interior.
Al escuchar ruidos, la víctima salió de su habitación y fue reducida violentamente. Según la Fiscalía, los acusados la tiraron al suelo, la ataron con ropa y cinturones encontrados en la casa y le taparon la boca para impedir que pidiera ayuda. Durante aproximadamente seis horas la golpearon y exigieron que les indicara dónde guardaba el dinero.
Finalmente localizaron una caja fuerte empotrada que arrancaron de la pared con un hacha que uno de los implicados tuvo que traer desde Málaga al no encontrar herramientas adecuadas en la vivienda. Los asaltantes se llevaron los 50.000 euros y varios teléfonos móviles.
La investigación sostiene además que el guardia civil utilizó posteriormente su condición de agente para acceder de forma ilícita a información policial sobre la investigación, aprovechando que un compañero había dejado abierta su sesión informática. Presuntamente compartió capturas de pantalla con el resto de implicados para advertirles del avance de las pesquisas y de las intervenciones telefónicas, mostrando su preocupación por que alguno de ellos pudiera delatar al grupo.
La Fiscalía acusa al agente de inducir los delitos de robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y lesiones, además de un delito de revelación de secretos, por el que también solicita su inhabilitación profesional.
Para los seis presuntos autores materiales reclama igualmente 15 años de prisión, mientras que para la octava acusada, considerada cómplice, solicita una condena superior a cuatro años de cárcel.
Asimismo, el Ministerio Público pide que todos los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 96.707 euros, cantidad que incluye el dinero sustraído, los daños ocasionados y las lesiones físicas y psicológicas sufridas durante el asalto.
El agente está acusado de revelar información reservada a los asaltantes y demostrar su preocupación en una conversación telefónica intervenida por que alguno de los implicados "se fuera de la lengua"
La Fiscalía sostiene que el robo provocó daños de casi 40.000 euros en el suministro eléctrico de una instalación de Emasagra
