Absuelta una exconcejal en el juicio contra el exalcalde de Otura por prescripción de los hechos
El proceso contra Ignacio Fernández-Sanz y otros cuatro exediles continúa en la Audiencia de Granada por presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación
La primera sesión del juicio contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP) y cinco antiguos concejales del municipio se ha saldado este miércoles con la absolución de una exedil tras apreciarse la prescripción de los hechos que se le imputaban.
El procedimiento, que se celebra en la Audiencia de Granada y continuará hasta este jueves, mantiene como acusadas a cinco personas, entre ellas el exregidor, que se enfrentan a una petición de la Fiscalía de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Antes del inicio de la vista, algunos de los procesados —aunque no el exalcalde— mostraron su disposición a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Otura para evitar el juicio. Sin embargo, finalmente no se materializó ningún pacto y la sesión arrancó con normalidad.
Durante la fase de cuestiones previas, la defensa de una de las exconcejalas alegó la prescripción del delito que se le atribuía. Tanto la Fiscalía como la acusación del Ayuntamiento aceptaron este argumento y retiraron los cargos, lo que llevó al tribunal a dictar en la propia sala una sentencia absolutoria. La exedil, visiblemente emocionada, abandonó el banquillo antes del inicio de la práctica de la prueba.
El tribunal también accedió a la petición de las defensas de que los acusados declaren al final del juicio, tras la comparecencia de los testigos.
El caso se centra en la tramitación del expediente del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio, así como en la posterior rescisión del contrato. Según la Fiscalía, el exalcalde y los exconcejales adoptaron acuerdos “a sabiendas de su ilicitud” y habrían dispuesto de fondos públicos como si fueran propios.
De acuerdo con el escrito de acusación, el pleno municipal aprobó en enero de 2008 la contratación del servicio pese a los reparos de la Intervención.
Posteriormente, en noviembre de 2010, el entonces alcalde habría convocado un pleno extraordinario para rescindir el contrato sin justificación y sin los informes preceptivos de los servicios técnicos, la Intervención y la Secretaría municipal.
Además, el fiscal sostiene que Fernández-Sanz suscribió posteriormente un convenio de resolución del contrato sin tramitar expediente alguno y con ausencia total de procedimiento, presuntamente con el objetivo de beneficiar a la empresa adjudicataria.
El juicio continuará en las próximas sesiones con la declaración de testigos y la práctica de la prueba antes de que los acusados presten declaración.
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