La Policía Nacional detiene a 83 personas reclamadas por la justicia en Granada, Motril y Baza
Las actuaciones realizadas durante el mes de marzo han permitido resolver un total de 87 requisitorias nacionales e internacionales
Agentes de la Policía Nacional han detenido durante el pasado mes de marzo a un total de 83 personas en las ciudades de Granada, Motril y Baza, todas ellas reclamadas por autoridades judiciales o policiales tanto a nivel nacional como internacional. Estas actuaciones han permitido dar por cesadas 87 requisitorias que se encontraban en vigor.
Las detenciones se enmarcan dentro de las labores habituales de colaboración de la Policía Nacional con las autoridades judiciales, tanto en España como en otros países. Entre sus funciones se encuentra la localización y arresto de personas con causas pendientes o con órdenes de ingreso en prisión, así como la cooperación internacional en la búsqueda de fugitivos reclamados por otros estados.
Del total de detenidos, 70 fueron arrestados en Granada, donde se resolvieron 72 reclamaciones nacionales, una internacional y una de carácter policial. En Motril se produjeron 10 detenciones, todas ellas relacionadas con requisitorias nacionales, mientras que en Baza fueron arrestadas tres personas, quedando igualmente resueltas tres reclamaciones de ámbito nacional.
La mayoría de los delitos que motivaron estas órdenes judiciales están relacionados con infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico, destacando robos con fuerza, hurtos y estafas. No obstante, también se incluyen casos de violencia de género o delitos contra la seguridad vial, como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades policiales o judiciales que habían emitido las correspondientes reclamaciones.
La mayor parte de las infracciones cometidas, que han motivado dichas reclamaciones y que ya han sido cesadas, tenían su origen en la presunta comisión de delitos contra el patrimonio
La mayor parte de las infracciones cometidas tenían su origen en la presunta comisión de delitos contra el patrimonio
