Podemos recurre la venta del antiguo CIMI de San Miguel Alto
La formación denuncia un posible “regalo de valor público” a intereses privados y pide paralizar la licitación ante la previsión de uso hotelero en el Albaicín
Podemos ha presentado un recurso de alzada contra el acuerdo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía con el objetivo de evitar la enajenación del inmueble y los terrenos del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de San Miguel Alto, ubicado en Granada. La formación ha informado de esta iniciativa tras mantener una reunión con la plataforma vecinal Albayzín Habitable.
El portavoz de Podemos en Granada, Salvador Soler, ha asegurado que el procedimiento “parte de premisas tramposas” y podría causar un impacto negativo tanto social en el barrio del Albaicín como económico en el patrimonio público.
El recurso solicita la paralización inmediata de la licitación y la retirada del inmueble de la subasta. Según la formación morada, la Junta pretende desprenderse de un bien público “de gran valor social, urbano, paisajístico y patrimonial” sin justificar por qué no puede destinarse a usos públicos como equipamientos culturales, educativos o vecinales.
El edificio cuenta con una parcela de unos 1.660 metros cuadrados y cerca de 958 construidos. Aunque actualmente está catalogado como equipamiento comunitario de carácter religioso, la documentación apunta a la tramitación de un plan urbanístico que permitiría su cambio a uso hotelero, dentro del entorno del Albaicín. Para Podemos, esta circunstancia supondría “regalar valor público a manos privadas”.
Asimismo, el recurso advierte de que la Junta no solo estaría vendiendo un inmueble en desuso, sino un espacio situado en un enclave privilegiado con expectativas de revalorización urbanística. Por ello, la formación exige explicaciones sobre el momento de la venta y si la tasación incorpora adecuadamente esa posible plusvalía futura.
El precio de salida de la primera subasta asciende a más de 2,5 millones de euros, mientras que en segunda convocatoria partiría de cerca de 1,9 millones. Podemos considera que vender antes de consolidar el cambio de uso podría provocar que el incremento de valor derivado de decisiones públicas beneficie a operadores privados en lugar de a la ciudadanía.
Soler ha enmarcado esta operación en un contexto de creciente presión turística en Granada, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte. En su opinión, la posible transformación del antiguo centro en un hotel de lujo refuerza un modelo basado en la explotación turística frente a otras necesidades como vivienda, servicios públicos o espacios culturales.
Finalmente, el recurso advierte de que, si se acreditara la omisión de informes esenciales, perjuicio económico al patrimonio público o desviación del planeamiento urbanístico, podrían derivarse responsabilidades no solo administrativas y patrimoniales, sino también de carácter penal.
Las solicitudes podrán presentarse del 1 al 20 de mayo para el curso 2026/27 en seis centros que ofertan siete idiomas
Actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en Granada y su provincia para el 4 de mayo de 2026
