IU lleva a Diputación una moción para exigir a la Junta soluciones al conflicto laboral del Metro
La formación reclama el fin de la "precarización" de la plantilla, una auditoría sobre la concesionaria y un estudio para recuperar la gestión pública directa del servicio
Izquierda Unida ha registrado en la Diputación de Granada una moción para exigir a la Junta de Andalucía una actuación inmediata ante el conflicto laboral que atraviesa el Metro de Granada y denunciar la situación de "precarización" que, según la formación, sufren los trabajadores del servicio.
La iniciativa, impulsada por la portavoz y diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, busca respaldar las reivindicaciones de la plantilla y reclamar al Gobierno andaluz que abandone lo que consideran una actitud de inacción frente a los problemas laborales existentes. Asimismo, la moción plantea la necesidad de frenar los supuestos abusos de la empresa concesionaria y abrir el debate sobre la recuperación de la gestión pública directa del Metro.
Desde IU destacan que el Metro de Granada constituye una infraestructura estratégica para la movilidad del área metropolitana y para el desarrollo de un modelo de transporte sostenible. Sin embargo, consideran que el actual sistema de gestión externalizada ha generado importantes deficiencias que han desembocado en las recientes movilizaciones de los trabajadores.
La formación sostiene que la plantilla se enfrenta a un deterioro progresivo de sus condiciones laborales, una organización del trabajo deficiente, dificultades en la negociación colectiva y carencias en la garantía de derechos laborales básicos. En este sentido, advierten de que la calidad del servicio público está directamente vinculada a las condiciones de quienes lo prestan y alertan de que la precariedad laboral puede repercutir negativamente en la seguridad, la estabilidad y la atención que reciben los usuarios.
A través de esta propuesta, IU señala a la Junta de Andalucía como administración titular del Metro de Granada y, por tanto, máxima responsable de la situación. Por ello, reclama al Consejo de Gobierno andaluz que asuma un papel más activo y promueva espacios de diálogo efectivos entre la empresa concesionaria y el comité de empresa para alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad laboral de la plantilla.
La moción también se dirige a la Diputación Provincial al considerar que, al prestar servicio en varios municipios del área metropolitana, la institución debe implicarse en la defensa de un transporte público esencial para miles de ciudadanos.
Asimismo, Izquierda Unida recuerda que esta problemática no es nueva y asegura que se arrastra desde etapas anteriores de gestión autonómica. En este contexto, la formación critica la actuación desarrollada cuando la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ocupaba la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.
Entre las medidas planteadas, la organización reclama la realización de una auditoría integral para evaluar el grado de cumplimiento de la empresa adjudicataria respecto a sus obligaciones laborales y contractuales. Además, propone la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un informe técnico, jurídico y económico que analice la viabilidad de recuperar la gestión pública directa del Metro de Granada.
Finalmente, la iniciativa incluye la incorporación obligatoria de cláusulas sociales y laborales más exigentes en todos los futuros contratos y renovaciones vinculados al transporte público, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para los trabajadores y una mayor calidad en la prestación del servicio.
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