El PSOE pide explicaciones tras el reconocimiento judicial de Cetursa por la huelga de Sierra Nevada
Los socialistas reclaman responsabilidades políticas mientras la empresa pública sostiene que la referencia a la vulneración del derecho de huelga respondió a un error material
El PSOE de Granada ha reclamado a la consejera de Fomento en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que dé explicaciones públicas sobre la actuación de Cetursa durante el conflicto laboral vivido en Sierra Nevada a comienzos de 2025, después de que la empresa pública reconociera en sede judicial una supuesta vulneración del derecho fundamental de huelga de los trabajadores.
La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha calificado este reconocimiento como un hecho de "enorme gravedad" que, a su juicio, va más allá del ámbito estrictamente laboral y obliga a asumir responsabilidades políticas.
"Estamos hablando de una empresa pública que ha reconocido judicialmente haber vulnerado un derecho fundamental recogido en la Constitución. No es una cuestión menor, ni una simple discrepancia laboral, sino un ataque a un derecho básico de los trabajadores y trabajadoras", ha afirmado Manzano.
La dirigente socialista ha considerado "inadmisible" que una administración pública termine admitiendo ante un juzgado una actuación que afecta a un derecho constitucional, insistiendo en que "las responsabilidades no pueden quedarse únicamente en el ámbito judicial, sino que también existe una evidente responsabilidad política".
En este sentido, el PSOE ha exigido a Rocío Díaz que aclare qué instrucciones se dieron durante el conflicto laboral, quién las autorizó y por qué se permitió sustituir a trabajadores que ejercían su derecho a la huelga. Asimismo, ha reclamado que explique si piensa asumir alguna responsabilidad por estos hechos.
Para los socialistas, este reconocimiento judicial pone de manifiesto "una forma de gestionar los conflictos laborales basada en la vulneración de derechos en lugar del diálogo y la negociación". Manzano ha añadido que "la Junta de Andalucía no puede exigir el cumplimiento de la ley a los demás mientras ella misma vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras", calificando la situación de "inadmisible, inconcebible y grave".
Cetursa atribuye el reconocimiento a un error material
Por su parte, Cetursa explicó hace unos días que el reconocimiento realizado en el acuerdo alcanzado en sede judicial el pasado 15 de junio respondió "a un error material en la transcripción de la cláusula contenida en los contratos objeto de controversia relativa a la causa de los mismos".
La empresa pública ha defendido que las contrataciones efectuadas durante el conflicto laboral se realizaron exclusivamente para garantizar la seguridad de los medios materiales, del personal y de los usuarios de la estación, así como para asegurar una posible reanudación del servicio conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley 17/1977 regulador del derecho de huelga.
Además, Cetursa sostiene que dichas contrataciones se produjeron una vez finalizada la jornada de huelga del 1 de marzo de 2025, que paralizó completamente la actividad operativa de la estación, por lo que asegura que en ningún momento tuvieron como finalidad sustituir a trabajadores en huelga ni vulnerar sus derechos.
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