El PSOE denuncia un impacto de más de 30 millones en Granada por la gestión urbanística del PP
Raquel Ruz alerta de una fianza de cinco millones en el caso Nazarí y acusa al anterior gobierno municipal de “hipotecar” las arcas públicas
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado las consecuencias económicas e institucionales derivadas de la gestión urbanística del Partido Popular en la última década. La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha alertado especialmente de la fianza conjunta y solidaria de cinco millones de euros fijada tras la apertura de juicio oral de la pieza ‘Mulhacén’, dentro del caso Nazarí, en la que el Consistorio figura como responsable civil subsidiario.
Esta resolución judicial sienta en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo del PP Isabel Nieto, junto a un promotor y tres ex altos cargos municipales. “Es intolerable que, una década después de la Operación Nazarí, los granadinos sigan pagando los platos rotos de una época muy oscura para nuestra ciudad”, ha señalado Ruz.
La edil socialista ha mostrado su preocupación por el impacto que estas decisiones judiciales pueden tener en las arcas públicas, al considerar que no se trata de hechos aislados, sino de una forma continuada de gestión urbanística. En este sentido, ha criticado que el anterior gobierno municipal “jugó con el suelo y el dinero de todos los granadinos”, generando una carga económica que todavía repercute en la ciudad.
Ruz ha recordado que, en el caso del Pabellón Mulhacén, las acusaciones solicitan la nulidad de las licencias que permitieron la construcción de establecimientos en suelo destinado a uso deportivo, lo que podría derivar en la ilegalidad de lo construido. A su juicio, esta situación se suma a una “larga lista” de resoluciones que han supuesto un coste superior a los 30 millones de euros para el Ayuntamiento.
Entre los casos citados, ha enumerado los 16,5 millones del caso Penta en La Chana, cerca de un millón de euros por el caso Serrallo, 1,5 millones por los convenios de Villa Pineda, otra cantidad similar por la ocupación de terrenos junto al Pabellón Mulhacén y un millón adicional por expropiaciones en el Cerrillo de Maracena.
Según la portavoz socialista, estos recursos podrían haberse destinado a políticas públicas como vivienda, mejora de barrios o refuerzo de servicios sociales. “En lugar de eso, el dinero se está destinando a pagar indemnizaciones y sentencias derivadas de una gestión urbanística irresponsable”, ha afirmado.
Finalmente, Ruz ha señalado al actual equipo de gobierno municipal, recordando que la alcaldesa Marifrán Carazo y el primer teniente de alcalde Jorge Saavedra formaron parte del anterior ejecutivo liderado por José Torres Hurtado. A su juicio, las decisiones adoptadas en aquella etapa siguen condicionando el presente y el futuro económico de la ciudad.
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